La morosidad sigue siendo uno de los principales desafíos para empresas y particulares en España. Aunque la tendencia general muestra una mejora, el volumen de créditos de dudoso cobro y los retrasos en pagos pueden comprometer la liquidez y la salud financiera.
En este artículo exploraremos el contexto actual, las causas subyacentes, los sectores más expuestos y un conjunto de estrategias prácticas y efectivas para que particulares y empresas mantengan sus pagos al día.
Contexto actual de la morosidad en España
La tasa de morosidad del crédito en España se sitúa en torno al 3,32% a finales de 2025, consolidando una tendencia descendente desde los últimos años. Sin embargo, el contexto macroeconómico y estructural mantiene ciertas tensiones, especialmente en el ámbito empresarial.
El volumen de créditos con riesgo de impago ha descendido un 6% respecto al año anterior, situándose en los niveles más bajos desde 2007. No obstante, el endeudamiento consolidado de empresas y hogares asciende a 1,74 billones de euros, un 2% más que hace un año.
Causas y factores que impulsan la morosidad
Para diseñar respuestas adecuadas, es esencial comprender las causas que explican los retrasos en los pagos. Distinguimos factores empresariales y macroeconómicos.
- Costes laborales y salariales elevados: señalados por un 39% de las empresas como principal factor de deterioro de la solvencia de sus clientes.
- Evolución de la demanda: citado por un 36%, refleja la volatilidad en sectores como la hostelería.
- Inflación y costes de energía: aunque han perdido peso, afectan a un 30% y 22% respectivamente.
- Costes financieros y acceso al crédito: mencionados por un 19% de los gestores de riesgo.
- Tensiones geopolíticas e incertidumbre arancelaria: que complican las previsiones de exportación e importación.
Sectores más vulnerables a la morosidad
Algunos sectores concentran un mayor riesgo de impagos debido a sus características estacionales, de coste o de estructura de plazos de pago.
- Hostelería y turismo: marcada estacionalidad y recuperaciones irregulares de la demanda.
- Construcción e inmobiliario: encarecimiento de materiales y largos plazos administrativos.
- Transporte y logística: repunta la morosidad a 63 días de media en marzo de 2025.
- Comercio minorista: presión de la competencia online y cambios en hábitos de consumo.
Marco normativo y plazos de pago
La Directiva Europea de lucha contra la morosidad establece plazos máximos de 30 días (60 en B2B previo acuerdo) y obliga al pago de intereses de demora y costes de cobro si se incumplen los plazos legales. En España, la Ley de Morosidad refuerza estos límites, aunque sigue siendo necesario un régimen sancionador más eficaz.
Estrategias prácticas para prevenir la morosidad
Prevenir la morosidad requiere una combinación de medidas proactivas, tanto en la gestión interna como en la relación con clientes y proveedores. A continuación, presentamos un conjunto de acciones que pueden poner en marcha particulares y empresas.
- Planificación y control del flujo de caja: elabora previsiones mensuales e identifica picos de necesidades financieras.
- Acuerdos de pago claros: incluye plazos, intereses de demora y penalizaciones en los contratos.
- Monitorización constante de la solvencia: utiliza información comercial y crediticia para evaluar riesgos.
- Política de recordatorios automáticos: envía alertas antes y después del vencimiento de facturas.
- Descuentos por pronto pago: incentiva a los clientes con condiciones preferentes al saldar antes de fecha.
- Externalización del cobro: confía en gestores profesionales cuando el volumen de impagos sea elevado.
En el caso de los particulares, es fundamental llevar un control exhaustivo de presupuestos familiares, priorizar el pago de deuda de mayor coste y, si es necesario, recurrir a la consolidación de préstamos para rebajar cuotas mensuales.
Para las pymes, conviene establecer líneas de crédito flexibles con entidades financieras, revisar plazos de pago con proveedores y negociar anticipos o factoring que alivien tensiones de tesorería.
Finalmente, la colaboración sectorial y la participación en foros empresariales facilitan el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de instrumentos de mediación que reduzcan los costes y los tiempos de resolución de conflictos.
Adoptar estas medidas de forma sistemática no solo mejora la salud financiera, sino que fortalece la reputación y la confianza mutua entre las partes, generando un entorno de pago más predecible y sostenible a largo plazo.